story BBC Mundo | America Latina 31 12 2009, 07:35 El gobierno descubrió que la pobreza es más profunda de lo que se había previsto, sobre todo en las comunidades indígenas.
El presidente de la República, Rafael Correa, se reunió con su gabinete ministerial y los asambleístas de su partido y con representantes de otras agrupaciones políticas.
En el primer encuentro, que se desarrolló desde las 10:30, el Mandatario y los ministros analizaron la ejecución presupuestaria del 2009.
El sábado, durante el enlace radial, el Mandatario expresó su preocupación por cuanto algunos ministerios aceleraron el gasto en los últimos meses, mientras se dejaron de ejecutar varios proyectos que se debían desarrollar desde los primeros meses.
Al término de la reunión, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, reconoció que existe ese problema, pero dijo que ese problema se presentó por cuanto varios ministerios tienen distintas dinámicas de ejecución del presupuesto. "Hay ministerios, como el de Educación, que tienen que hacer más inversiones cuando inicia el año escolar en la Sierra o en la Costa", comentó la secretaria de Estado.
Al mediodía se reunión con los asambleístas del bloque oficialista. Según los asistentes, antes que una reunión política, el encuentro fue para confraternizar por el nuevo año. En el almuerzo, que se desarrolló en el Salón de los Banquetes, hubo música y alegría. De hecho en el acto social participaron dos grupos musicales.
Antes de ese encuentro, el Primer Mandatario se reunió con los representantes de los bloques legislativos del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y de Acción Democrática por la Equidad (ADE). Abdalá (Dalo) Bucaram (PRE) y Alfredo Ortiz (ADE) coincidieron en señalar que es necesario mejorar los canales de comunicación entre el Ejecutivo y Legislativo.
Los dos asambleístas se quejaron de la gestión del ministro de Coordinación Política, Ricardo Patiño. Según Bucaram, Patiño "es un obstáculo en la coordinación de la agenda legislativa". Los dos bloques sugirieron que la secretaria de los Pueblos, Doris Solíz, y el secretario particular, Galo Mora, sean los interlocutores con estos dos bloques políticos.
El Directorio de Teleamazonas aceptó la propuesta de su abogado de entablar una demanda penal en contra del superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo. La acción penal por prevaricato y por atentar contra la libertad de expresión y de conciencia se presentará hoy en la Fiscalía.
Uno de sus argumentos es que Jaramillo no respetó el debido proceso ni el derecho a la legítima defensa. "El artículo 71, al cual se refirió el Superintendente para presentar su resolución de suspender el canal por 72 horas, prevé la penalización por las infracciones pero no las tipifica".
"Estas tipicidades constan en el Reglamento a la Ley de Radiodifusión y Televisión", lo cual contraría la Constitución y, por tanto, "no es aplicable por parte de los servidores públicos (...)". Es decir, la Supertel no podía sancionar al canal basándose únicamente en un reglamento, sino en la ley, como señala la Carta Magna.
La conducta deJaramillo -acota- es un delito en contra de la libertad de conciencia y de pensamiento. Esto está sancionado en el artículo 178 del Código Penal.
Estos y otros argumentos presentó el abogado del canal, Pablo Ortiz, durante la audiencia sobre el pedido de Acción de Protección Constitucional que se realizó ayer. Al Juzgado Octavo de la Niñez y la Adolescencia (en donde recayó el proceso por sorteo) comparecieron los abogados del canal y de la Superintendencia.
Los representantes del organismo estatal rechazaron las acusaciones de Teleamazonas de haber, supuestamente, atentado contra derechos constitucionales. Su argumento es que la resolución se apegó a la Ley de Radio y Televisión. Incluso, la abogada de la Procuraduría, Cecilia Lescano, pidió a la jueza Elena Ortega que rechace el pedido del canal por calificarlo de" improcedente".
Sin embargo, luego de casi dos horas de audiencia, la Jueza decidió tomarse dos días hábiles, como establece la Ley, para analizar los documentos. "Las notificaciones las entregaremos en sus casilleros judiciales", precisó.
La sesión de la bancada de Alianza País, la noche del lunes, fue tensa. Las declaraciones del presidente Correa, que cuestionaban el acuerdo legislativo con la oposición para impulsar la Ley de Comunicación inquietaron a los asambleístas.
En la reunión el descontento fue evidente. Un grupo apoyaba la tesis de que se haga respetar su elección como representantes del pueblo elegidos en las urnas. Otros propusieron romper con la pugna, que se volvió mediática, y buscar un acercamiento entre el presidente Correa y el titular de la Asamblea, Fernando Cordero.
Ese planteamiento ganó y en la tarde de ayer se hizo el primer intento. Una delegación de asambleístas tenía la misión de allanar el camino para acercar a los dos altos dignatarios. Hasta la tarde de ayer no se conocieron resultados de ese trabajo, pero hoy a las 08:30 Correa y Cordero se encontrarán dura nte una sesión del Consejo Nacional de Seguridad.
Hacia las 14:00, los legisladores de A. País también acudirán al almuerzo que organiza la Presidencia de República. "Será un encuentro de camaradería para tratar temas sobre la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo", sostuvo Vethowen Chica.
La organización del trabajo entre la Presidencia y la Asamblea no fue abordada en el taller que se realizó a principios de mes en el Hotel Quito. Chica cree que el almuerzo será una oportunidad para terminar con el malestar dentro de la bancada de A. País.
Un equipo periodístico de Teleamazonas fue agredido al mediodía de ayer en el norte de Quito. El ataque ocurrió en las avenidas República y Mañosca, frente a un restaurante.
Según la información difundida por ese canal, la reportera, Ana María Cañizares; el camarógrafo, Manuel Tumbaco, y el asistente de cámara, Francisco Quinzo, se dirigían a la sede del canal, luego de realizar una cobertura de la sesión de la Asamblea.
En el trayecto, una camioneta, que los había seguido por varias calles, los interceptó frente al restaurante Los Álamos. Ese momento, Tumbaco intentó grabar con su cámara ese incidente, pero dos hombres que viajaban en la camioneta lo golpearon. Quinzo trató de defender a su compañero pero también fue agredido.
Tumbaco pudo registrar parte de la agresión, en la cual se puede escuchar a los hombres que le increpaban. "¿Qué vas a filmar? ¿Qué vas a filmar?", le reclamaban. Luego del ataque, los dos hombres recibieron atención médica, mientras que la reportera fue internada en una clínica.
Hasta la tarde de ayer, ni la Fiscalía ni la Policía realizaban una investigación para encontrar a los responsables. El jefe de la Policía Judicial, Rafael Yépez, aseguró que no se ha presentado ninguna denuncia para iniciar la búsqueda. "Sin la denuncia, nosotros no podemos hacer nada".
El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, sostuvo que ese caso es responsabilidad del Ministerio Público de Pichincha, pero no conocía si se abrió la investigación.
El vicepresidente de Noticias de Teleamazonas, Carlos Jijón, dijo que, hasta la tarde de ayer, la estación no presentó una demanda.
La Asamblea emite señales confusas. En la mañana, la oposición interrumpió abruptamente la comparecencia del ministro de Telecomunicaciones, Jorge Glas. Pero, en la tarde, los asambleístas de esta tendencia confirmaron que trabajarán junto con Alianza País para viabilizar la ley de Comunicación. Justamente, la semana pasada ese consenso peligró luego de que se conociera la suspensión de Teleamazonas y del cierre de la radio La Voz de Arutam.
Glas fue convocado para que explique las razones que motivaron el retiro de la frecuencia de la emisora de Morona Santiago y que es vital para el pueblo shuar.
72 horas fue suspendida la estación televisiva. Su señal volvió al aire el 25 de diciembre.
El Ministro tuvo un inusitado recibimiento en el Pleno de la Asamblea. Cuando ingresaba al recinto legislativo fue abucheado por legisladores de la oposición. La asambleísta Diana Atamaint (Pachakutik) llegó con un cartel en las manos que decía: "Dignidad y rebeldía para detener la tiranía". Exigía que en la comisión general se tratara también el retiro de la frecuencia de La Voz de Arutam. No obstante, el presidente del foro, Fernando Cordero, no dio paso a ese pedido. En ese momento, los legisladores del PSP, Madera de Guerrero, ID, Pachakutik y el MPD rodearon a Glas, quien ya estaba en el estrado: "Fuera, Ministro", le gritaban.
Entonces, Betty Amores y sus compañeros de A. País se acercaron al funcionario para respaldarlo. Gritaban: "Ahí están, ellos son los que joden a la nación".
Los micrófonos de los asambleístas fueron apagados para que no se escuche la trifulca. Mientras eso ocurría, afuera del salón el s uperintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, quien también fue citado para que aclare la suspensión del canal, no sabia qué hacer.
El incidente duró varios minutos; entonces Cordero suspendió la sesión. "Esto no es circo, señores", exclamó, visiblemente molesto. Los funcionarios gubernamentales se retiraron de la Asamblea. Glas y Jaramillo aseguraron que no temen un juicio político, porque las decisiones que tomaron se basaron en leyes y reglamentos vigentes.
Como en los viejos tiempos. Las legisladoras Diana Atamaint y Lourdes Tibán apoyaron a radio La Voz de Arutam, durante la sesión de ayer. Foto:EL COMERCIO
Ya en su despacho, Glas se defendió de las acusaciones. "El proceso en contra de la radio La Voz de Arutam todavía no ha concluido; la concesionaria puede seguir operando porque apeló y se aplican los plazos que exige la Ley de Radiodifusión".
Por su parte, Jaramillo expresó que el cierre de Teleamazonas es solo una de las tareas que realiza diariamente la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel). Aclaró que no existe otro expediente contra ese canal.
La suspensión de la sesión causó malestar en la oposición. Lourdes Tibán (Pa chakutik) cuestionó al legislador Pedro de la Cruz (A. País), quien pertenece a la comunidad indígena Eloy Alfaro Turucu. "El cierre de la radio La Voz de Arutam concierne a todas las comunidades indígenas. Él no puede gritar a favor de algo que perjudica a los indígenas".
Fernando Cordero insistió en que los incidentes no romperán el acuerdo sobre la Ley de Comunicación. Pasadas las 17:00 se reunieron en el primer piso de la Asamblea los jefes de las fuerzas políticas. Luego de dos horas se comprometieron a impulsar la reforma al proyecto de ley de Medios. Solo faltaron los representantes del Movimiento Madera de Guerrero y del Partido Social Cristiano. El acuerdo incluye enmiendas al proyecto de ley y, sobre todo, resta poder al Ejecutivo en el Consejo de Comunicación y elimina la posibilidad de que los medios sean cerrados.
El trámite de esa ley ha desnudado una polarización en A. País. Por un lado, el presidente Rafa el Correa criticó duramente el convenio. Por otro, los asambleístas, con Cordero a la cabeza, aseguraron que mantendrán ese acuerdo. Andrés Páez, de la ID, dijo que hay que estar atento al veto que pudiera llegar desde el Ejecutivo. Pero si el acuerdo se mantiene existe el número suficiente de votos (119 posibles) para insistir en el texto enviado por la Asamblea.
La reunión de la Comisión de Asuntos sensibles entre Ecuador y Colombia, la fallida comparecencia del Superintendente de Telecomunicaciones a la Asamblea, las acciones planteadas por Radio Arutam por la revocatoria de la concesión de su frecuencia... son algunos de los temas noticiosos que presentó la agencia de noticias Andes, que desde ayer inició sus emisiones.
Según el Régimen, esta agencia de noticias, que nace de la mano de la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República, busca ser "un medio alternativo" para conocer al Ecuador en el mundo.
En sus emisiones, este nuevo medio de difusión del Estado privilegió la información oficial, ya sea del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y otras entidades estatales. "También abordamos los problemas ciudadanos, es un nuevo espacio que se irá construyendo poco a poco", comentó Marc o Antonio Bravo, subsecretario de Innovación y Nuevos Medios de la Presidencia de la República, quien tiene a su cargo el desarrollo de este proyecto.
La agencia tiene las siguientes secciones: Actualidad, Política, Economía, Sociedad, Sucesos, Deportes, el Tema del Día, Internacional y Ecuador. Aunque todavía no tiene aprobado su presupuesto , la agencia requerirá de entre 500 000 y USD 600 000 anuales para su funcionamiento. "La meta es que a futuro se financie por sí sola, a través de suscripción de convenios de cooperación internacional", comentó el funcionario.
Los productos periodísticos de la agencia se difunden a través de su página web (http://andes.info.ec/). Sus oficinas están en el edificio de los medios públicos, ubicado en el norte de Quito. Trabajan 12 personas.
Los diálogos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas están en un punto muerto. Tras la decisión de la Ecuarunari, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), las mesas de diálogo, que se instalaron el 15 de octubre, no se han vuelto a reunir.
La secretaria de los Pueblos, Doris Soliz, comentó que para mediados de enero tiene previsto reunirse con los máximos dirigentes de la Conaie, para analizar los diálogos. "Las fiestas de Navidad y fin de año y todas las actividades de esta temporada han impedido que nos reunamos de inmediato, pero espero que hasta mediados de enero podamos conversar", comentó la Ministra de Estado.
No obstante, la decisión del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conatel) de revocar la frecuencia a La Voz de Arutam rompió cualquier posibilidad de diálogo. Marlon Santi, presidente de la Conaie, consideró que este hecho "es un acto de persecución más en contra de las organizaciones indígenas". Por ello, anunciaron que desde mediados de enero se iniciarán acciones de protesta en contra del Régimen. El 7 de enero se volverán a reunir estas organizaciones.
No obstante, Soliz defendió la decisión del Conatel. "Es un organismo de control independiente del Ejecutivo y en ninguna parte del acuerdo suscrito con los dirigentes de la Conaie se comprometió las acciones que pudieran tomar otros organismos", comentó.
El presidente de la República, Rafael Correa, y el Gabinete ministerial analizan hoy la ejecución presupuestaria de 2009.
En el encuentro, que será en Carondelet, el Mandatario y los ministros conocerán al detalle los gastos efectuados por los distintos ministerios y secretarías de Estado. El sábado, durante el enlace radial, el Jefe de Estado cuestionó que varios ministerios en las últimas semanas hayan firmado una serie de contratos que no firmaron durante el año.
Incluso consideró que los funcionarios responsables de esas acciones deberían dejar sus cargos. Comentó que esa práctica del pasado sigue vigente y que es necesario poner correctivos urgentes.
La firma Informe Confidencial realizó su habitual encuesta de fin de año para conocer las percepciones que tienen los ecuatorianos sobre los hechos más importantes de 2009, así como sus percepciones acerca de la política y su vida cotidiana. La firma encuestadora asegura que durante los 20 años que realiza este estudio, aparecen datos que son una constante y otras que han variado a lo largo del tiempo. Este Diario presenta a continuación los resultados más relevantes. La vida cotidiana
En Quito son más los ciudadanos que dicen que este año fue mejor que otros pasados. En Guayaquil, por su parte, son más los que dicen que este año h a sido peor que los anteriores.
En todo caso, hay una visión más optimista del futuro. Esta es una constante que se ha conservado a lo largo de los 20 años. Los ecuatorianos, pase lo que pase, tienen más esperanzas. Por ejemplo, en cuanto a la economía, la mayoría supone que la situación del país mejorará este 2010.
Las cifras del Presidente
Normalmente, un mandatario empieza su administración con un pico de popularidad y el del presidente Rafael Correa fue alto al arrancar 2009. Él había ganado varias elecciones , por lo que la gente suele aplaudir con altas expectativas a los victoriosos.
En Quito, el presidente Correa inició 2009 con un saldo de imagen positiva del 57%, pero termina el 26 de diciembre con un 15%. Es decir, hay una reducción de 42 puntos. En Guayaquil, ese saldo inicial fue de un 24%, y se redujo al 10%.
Esta firma encuestadora asegura que si bien los técnicos en imagen miden muchos factores y características de un líder, lo que más se privilegia es el tema de la credibilidad. En ese sentido, cuando un personaje determinado tiene una credibilidad sólida, su popularidad puede seguir creciendo. Pero cuando esta característica se pierde es factible que se den nuevas caídas fuertes de imagen en el período siguiente.
Sobre este tema, Informe Confidencial explica que en Quito el Presidente empezó el año con un saldo positivo del 36% en cuanto a su credibilidad. Esta cifra, al 26 de diciembre, se redujo a un 9 % negativo. En Guayaquil empezó con un saldo positivo de 7% y termina con un negativo de 22%. En el Puerto Principal -concluye el estudio- hay una mayoría de ciudadanos que no cree en la palabra del Primer Mandatario.
Otro aspecto analizado por la encuestadora es la evaluación de la labor de Correa. En Quito comenzó el año con un saldo positivo de 46 puntos para terminar en apenas un 1%. E n Guayaquil arrancó con un 29% positivo y termina con un 14% negativo. A manera de conclusión, Informe Confidencial asegura que en todas las variables de medición del Presidente se registran caídas importantes que además son tendenciales, es decir, fruto de una devaluación sostenida.
Dentro de lo más destacado que tiene el Gobierno, las percepciones son semejantes en las dos ciudades: las obras, la salud, la educación y la economía ocupan los primeros lugares. Pero cuando Informe Confidencial pregunta por lo peor que ha hecho el Régimen en las dos ciudades se destacan su actitud de ataque a los medios de comunicación, la economía y el desempleo.
A los quiteños les importa lo que creen que es su estilo autoritario y a los guayaquileños la inseguridad. Es probable que el ataque a los medios se haya incrementado en Quito, en donde este tema aparece como importante, luego de la clausura temporal del canal capitalino Teleamazonas. A pesar del desgaste que afronta Correa, este análisis asegura que es uno de los presidentes que afronta mejor su primer año. Esto en referencia a que Correa inició su segundo período presidencial el pasado 10 de agosto.
Los ritos de fin de año
En esta fecha hay una clara tendencia a repetir viejos ritos para que el futuro sea más benévolo. Dos de cada tres habitantes de las dos ciudades hacen alguna promesa cuando comienza el año. Dichos compromisos tienen que ver con el deseo de mejorar la vida y lograr más paz y felicidad.
La quema del año viejo, según este informe, implica exorcizar lo que trajo de malo el año que termina. Esta tradición, por ejemplo, se mantiene con mucha fuerza en más del 80% de ecuatorianos que quema o asiste a la incineración del monigote o año viejo.
En los últimos dos años se dio un fenómeno inusual. El Presidente de la República no encabezó la lista de los personajes simbólica mente quemados, como sí ha ocurrido en las dos últimas décadas. Pero, para 2009, esta tendencia se normalizó, ya que el presidente Correa ocupa el mismo primer lugar de sus predecesores. En Quito, el segundo de esta lista es el ex presidente Lucio Gutiérrez.
Informe Confidencial concluye que, por primera vez, parecería que las relaciones familiares se han agriado en la capital puesto que un 13% querría quemar a un familiar como año viejo. Esta tendencia no ha sido notoria a través de los años.
La Comisión especializada ocasional de Comunicación se reunió ayer para recibir el informe del equipo asesor que hizo un estudio sobre las semejanzas y diferencias de los tres proyectos de ley que sobre este tema se han presentado hasta el momento. En la cita se iba a revisar las concordancias de estos textos con las normas de la Constitución en comunicación.
La Comisión ocasional, presidida por la asambleísta oficialista Betty Carrillo, no difundió el contenido de ese texto. En la misma sesión tenía previsto recibir las observaciones y aportes que varias entidades han realizado a estos proyectos de ley con el fin de elaborar un solo cuerpo que será sujeto del debate y posterior aprobación ante el pleno legislativo. La recepción de los insumos continuará hoy a las 10:00, cuando se prevé que asista el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.
El asambleísta de Pa ís, Mauro Andino dijo que la elaboración del proyecto de ley definitivo se presentará, para primer debate, entre el 1 y el 21 de noviembre. La elaboración del segundo debate, que es la base para la aprobación de la Ley, no deberá pasar del 14 de febrero según los nuevos calendarios.
A la comisión ocasional creada en la Asamblea para evaluar los tres proyectos de Ley de Comunicación se le acumuló el trabajo. Ayer, a las 17:30, allí, se presentó una nueva propuesta, que sobre este tema, fue trabajada por 12 organizaciones de la sociedad civil bajo el apoyo del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal).
El anuncio lo hizo Xavier Lasso, del canal público Ecuador TV, durante el panel del seminario Medios públicos, ciudadanía y democracia. En este encuentro, también participó Patricia Ortega, experta mexicana sobre temas de contenidos en los medios de comunicación públicos .
Según el director de Ciespal, Fernando Checa, la nueva Ley recoge 10 principios. Allí se habla de conceptos como la informac ión verificada y plural; el derecho a la rectificación; la distribución equitativa de frecuencias; el acceso a las tecnologías; la distribución equitativa de la publicidad estatal; y la producción plurinacional y local.
Romel Jurado, experto en derecho a la información, es una de las cabezas de este proyecto. Él le dijo a EL COMERCIO que el proyecto busca ser incluyente y preservar los derechos de sectores vulnerables. Entre las organizaciones que están detrás de esta propuesta menciona a la Facultad de Comunicación de la Universidad Salesiana, el colectivo Mujeres por la Vida y Radialistas Apasionadas y Apasionados.
Justamente sobre la radio, prensa y televisión pública giró el debate matutino en Ciespal. La crítica a los medios de comunicación privada fue la tónica en el segundo día del seminario.Ortega, experta en comunicación, expuso durante 30 minutos.
"Se deben garantizar los derechos de los ciudadanos frente a los conteni dos. Se necesitan medios con vocación de servicio público". Para ella, el reto de los canales públicos es presentar contenidos diferentes. El francés Gaetán Lapointe cree que la televisión pública debe ser el referente de calidad.
El debate continúa hoy. El chileno Valerio Fuenzalida y Enrique Arosemena también hablarán sobre la Programación y contenidos de los medios públicos.
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En medio de gritos de protesta, los asambleístas de Madera de Guerrero, Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica impidieron que Glas realice su comparecencia en la que iba a dar explicaciones sobre el cierre a la estación televisiva Teleamazonas por 72 horas.
Con el grito: ¡fuera ministro!, la oposición manifestó su enojo por la disposición, a la cual calificaron de ilegal. La asambleísta Diana Atamaint (Pachakutik), exhibió un cartel en el cual aparecía la frase: "Dignidad y rebeldía para detener la rebeldía".
El problema comenzó luego de que no fue aceptada la propuesta de la asambleísta Cynthia Viteri (Madera de Guerrero) de debatir sobre si la Ley de Radiodifusión y Televisión se utilizó como medio de sanción a medios de comunicación.
En ese instante los legisladores de la oposición acudieron hacia el estrado, donde permanecía Jorge Glas presto a comparecer, para exigirle explicaciones por la medida adoptada en contra de Teleamazonas. Debido a la falta de garantías para continuar con la reunión, Fernando Cordero, titular de la Asamblea, decidió suspender la sesión.
Frente a las protestas, Jaramillo y Glas abandonaron la sede del órgano legislativo y organizaron dos ruedas de prensa por separado en los edificios donde funcionan sus respectivas instituciones.
Evidentemente enojado, Glas dijo que lo sucedido en la Asamblea fue una payasada, mientras que Jaramillo, con mayor calma, dijo que no siente temor ante cualquier juicio político que inicien contra él.
La legisladora Cynthia Viteri (Madera de Guerrero) cuestionó la resolución de la Superintendencia de Telecomunicaciones. "Ellos cumplen órdenes del Gobierno, pues cerraron un canal que hace permanentes denuncias de actos de corrupción del Régimen".
Por su parte, Cordero expresó que el acuerdo sobre la Ley de Comunicación no se ha roto. A las 17:00 de hoy (martes), se reúne con los jefes de bloque para ratificar el texto del consenso.
A está hora, en el Juzgado octavo de la Niñez y la adolescencia, se realiza la audiencia para dar tramite al pedido del canal de una acción de protección constitucional.
Los abogados tanto de la Superintendencia como de la estación televisiva defienden sus argumentos.
El abogado del canal, Pablo Ortiz, establece que se han violado derechos constitucionales. "No nos dieron la oportunidad para defendernos antes de la suspensión", enfatizó en su exposición.
Por su lado, los representantes de la Superintendencia, rechazaron la acusación y reafirman la resolución de ese organismo.
Se espera que la jueza, Elena Ortega acoja o rechacé el pedido del canal de televisión.
Un equipo de reporteros de Telamazonas de Quito fue atacado esta mañana alrededor de las 11:00 por dos desconocidos en la Av. 6 de diciembre, informó este canal.
Según el asistente de cámaras, Francisco Quinto, los agresores iban a bordo de una camioneta Fiat de color blanco, en la cual persiguieron a los periodistas mientras los insultaban, hasta que finalmente les cerraron el paso y los agredieron físicamente.
Quinto y Manuel Tumbaco, camarógrafo, mostraron sus heridas en imágenes emitidas por la televisora. Según información de Teleamazonas, la reportera del equipo sufrió una crisis nerviosa por el ataque.
En sus declaraciones públicas, varios integrantes de la bancada de Alianza País en la Asamblea aseguran que entre ellos y el presidente Rafael Correa no existen fisuras.
Que más allá de la algarabía política que desató, el martes pasado, la suspensión temporal de Teleamazonas y el retiro de la frencuencia a la radio shuar La Voz de Arutam, las cosas en el oficialismo marchan en relativo orden. En ambos casos intervinieron la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
7 puntos tiene el acuerdo sobre la Ley de Comunicacióan que Cordero firmó con la oposición.
Vethowen Chica, Rosana Alvarado, Pamela Falconí, César Rodríguez y Betty Carrillo no ven divisiones internas y menos una incipiente pugna de poderes. Es una lectura más bien distante de las discrepancias que, en los últimos días, han evidenciado el presidente Correa y el titular de la Legislatura, Fernando Cordero.
Mientras el Mandatario defendió, en su cadena sabatina, la legalidad de las sanciones a ambos medios -porque estuvieron enmarcadas en un reglamento vigente-, Cordero insiste en lo inoportuno de la medida, pues puso en riesgo el acuerdo legislativo del oficialismo y la oposición.
Para Correa, ese compromiso político no es prioritario. Lo dijo públicamente el sábado. Para él un acuerdo de esta magnitud implica armar un consenso con las fuerzas del pasado que, a su juicio, aniquilaron al país.
Dos reuniones claves En la cita de la bancada de País, que debía realizarse anoche, se tenía previsto consolidar una posición de bloque frente al tema de las reformas penales que se discuten hoy. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, estuvo ayer en Cuenca. En la tarde tomó un vuelo para Quito, a fin de asistir al encuentro de anoche. El asambleísta Virgilio Hernández, uno de los coordinadores de la bancada, defendió las discrepancias, pero dijo que primará la decisión colectiva. Y también defendió el acuerdo, logrado de manera transparente. En la entrevista que Cordero concedió a El Universo habla de lo peligroso que resultan los "cepillos" que van donde el Presidente y le cuentan verdades a medias. No dio nombres.
Cordero, de su lado, se mantiene en la tesis de defender ese acuerdo como una vía para apoyar el debate de una Ley de Comunicación "inteligente".
Y si el acuerdo con la oposición no es una prioridad para Correa, para Cordero tampoco lo es seguir sus declaraciones cada sábado en el enlace ciudadano.
En una entrevista difundida el lunes en diario El Universo, el titular de la Legislatura defendió lo acordado: "A quienes firman el acuerdo no los he escogido yo sino el pueblo ecuatoriano. No es mi culpa ni del Presidente. Los siete puntos no tienen nada que ver con el pasado, estamos revirtiendo algo negativo en positivo...".
En el movimiento oficial, a más de un legislador le cayeron mal las palabras de Correa. En especial en las que se refería a traición y apostar por la muerte cruzada.
El asambleísta Fausto Cobo (PSP) cree que las sanciones a ambos medios y el acuerdo han puesto a Cordero en una dura disyuntiva. "De por medio está su palabra; el compromiso por sacar adelante lo acordado que de manera entusiasta impulsó el 17de diciembre y que Correa no lo comparte". Para Cobo, el poder de Cordero está a prueba, pues durará lo que el pragmatismo Correa considere necesario.
Hoy, incluso, el Titular de la Asamblea difundió en varios medios el acuerdo al que llegaron con la oposición.
Sin embargo, según Chica, el acuerdo sobre la Ley de Comunicación es algo muy puntual, y sobre éste no se pueden tener pugnas con el Ejecutivo porque más allá de eso hay un plan de trabajo que ambos poderes comparten.
Entre tanto, ayer, la bancada de A. País se reunió desde las 18:00, para hablar del malestar por las declaraciones de Correa y de la coyuntura política, con Cordero a la cabeza.
Esa cita es la antesala de otra que tendrán los asambleístas con el presidente Correa, mañana, desde las 14:00, en Carondelet.
Pamela Falconí, quie n asistirá al encuentro, dice que es importante en este punto dar todas las explicaciones del caso al Presidente, sobre el alcance del acuerdo político al que los convocó Cordero de la mano de la oposición. "No estamos vendiendo la patria. Este acuerdo tiene puntos claros y servirá para viabilizar la Ley de Comunicación". Para esta legisladora, se trata de un texto básico que no le resta capacidad de colegislador al Ejecutivo. Solo garantizó el diálogo en la Asamblea.
Todos los legisladores de País están invitados a la cita, según Falconí. La convocatoria se hizo telefónicamente a cada uno, desde el despacho presidencial, agregó.
Si bien los asambleístas buscan explicar los alcances del acuerdo a Correa, en el movimiento también se busca evaluar las suspensiones a Teleamazonas y a La voz de Arutam, con cabeza fría.
César Rodríguez , de la línea dura de País, dice que la decisión de la Supertel ha sido respet ada. "En la bancada hubo críticas por la oportunidad, pero luego supimos que era legítima, creemos que es una cosa superada".
Las voces de rechazo por la orden de cierre de la radio La Voz de Arutam toman fuerza. La Federación Shuar presenta hoy la apelación al fallo ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
A esta organización han llegado múltiples correos electrónicos de medios de comunicación y agrupaciones indígenas de América y Europa. Entre ellos radio Nederland, la Voz de Chile y otros de Bolivia, Perú y España, precisó su presidente José Acachu.
Dos grupos Shuar En Morona Santiago, entre la población Shuar hay descontento por las regulaciones al uso del agua y la explotación minera. Esos temas ocasionaron el último paro en Morona Santiago. En Morona Santiago habitan 150 000 personas, el 40% es indígena y el resto colono. En Morona, Pastaza y Zamora Chinchipe hay 470 comunidades shuar. En la etnia Shuar hay dos organizaciones: la Federación de Shuar y la Organización Shuar del Ecuador, que apoya al Gobierno. Los dirigentes Shuar invitaron y conminaron a las autoridades del Régimen a que lleguen a Sucúa a apagar la Radio Arutam y a clausurar las antenas ubicadas en los cerros Bosco y Kílamo. Arutam significa el Dios de la naturaleza de los Shuar. Este une la naturaleza con el ser humano de esa etnia, dijo el director de la emisora, Natale Antum.
En los mensajes se solidarizan con el pueblo Shuar por la acción legal que les dejaría sin el único medio que tienen para estar comunicados. Pero también condenan el fallo porque dicen que vulneran el derecho que tienen las personas a estar informados.
El pasado martes, la Superintendencia de Telecomunicaciones resolvió dar por terminado el contrato de concesión a favor de La Voz de Arutam, de Sucúa, Morona Santiago. Eso por supuestamente haber incitado a la violencia y protesta armada durante el paro de septiembre pasado.
En ese entonces hubo el cierre de vías en Morona Santiago y protestas contra el Gobierno por los proyectos de la Ley de Aguas, Minería y en apoyo al paro del Magisterio. En los enfrentamientos murió el profesor Bosco Wisuma.
La Superintendencia de Telecomunicaciones analizó y tradujo (del shuar al español) varias grabaciones de las transmisiones e intervenciones que se hicieron en esos días. Se dice que allí se conf irmó la violación a normas jurídicas que prohíbe a los medios promover la violencia.
Pero Acachu no lo cree y por eso, mediante la apelación solicitan la entrega de las grabaciones para verificar si es la voz de las personas que laboran en la emisora y el contenido de los mensajes. Además, saber si el perito que hizo la traducción es lingüista para que no se preste a la interpretación.
Para el jefe político de Sucúa, Marcelo Cabrera, la resolución es apresurada porque la Asamblea Nacional estaba llegando a un acuerdo con la oposición sobre el nuevo proyecto de Ley de Comunicación. "El proceso debió ser más estudiado, es una posición preocupante que podría desencadenar en otra medida violenta, como ya lo han anunciado varios dirigentes".
Cabrera y el alcalde de Sucúa, Saúl Cárdenas, de Alianza País, admitieron que no les consta que a través de Arutam se llamaba a la sedición porque solo se emitían los mensajes en la lengua n ativa. Pero Cárdenas sostuvo que el fallo debe estar fundamentado.
A su criterio, las instituciones están para cumplir las leyes y reglamentos y los errores deben ser sancionados. Los dirigentes tienen informado a las bases cada diligencia cumplida.
Gabriel Awananch, ex alcalde de Morona, sostuvo que primero agotarán todas las instancias legales. Es decir, si el fallo del Conatel no es favorable para la Federación apelarán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El jueves anterior la dirigencia de la Conaie elevó quejas por el intento del cierre de la radio ante organismos internacionales, señaló Acachu. Y preparan otro documento que remitirán esta semana a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
A 20 años, el presidente Rodrigo Borja se guiaba por una máxima comunicacional: hay que repetir los mensajes cuantas veces sea necesario hasta que la gente los asimile. Por eso no era raro escuchar que en sus desplazamientos o entrevistas machacara sobre temas que estimaba cruciales.
Era una época en que el desarrollo de los medios no era tan fuerte y ni siquiera se soñaba en que los gobiernos pudieran usar y abusar de las cadenas y de la publicidad. ¿Pero tiene sentido usar hoy la repetición como método ?
La verdad es que este Gobierno no buscaba ese efecto con sus enlaces sabatinos. Estos se crearon, al menos teóricamente, como espacios de rendición de cuentas. Pero, en la práctica, se volvieron monólogos en los cuales muchas veces no se hace sin o repetir las ofertas y las obsesiones.
En algún momento, el espacio fue ocupado por los menús o las actividades físicas del Presidente, hasta que se consolidó un segmento que no tiene que ver ni con la rendición de cuentas ni el rango presidencial: el desglose de la información y las opiniones de los medios corruptos .
Si fue un error creer que habría información nueva para cada semana, es erróneo dedicar tanto tiempo a atacar a los medios, porque, al repetir el ejercicio, el Gobierno ha pasado inconscientemente a la defensiva. Rafael Correa juró que no dejaría que los medios le impusieran la agenda, pero ahora ocupa demasiado tiempo y energía en ellos.
Como es previsible, nadie aceptará el error, y el Presidente seguirá enredado en su propia camisa de fuerza.
Los directivos de Teleamazonas analizan la posibilidad de iniciar acciones penales en contra del superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo. Ese medio de comunicación fue suspendido por 72 horas porque, según el organismo de control, difundió información no verificada y que causó conmoción".
Según el abogado defensor, Pablo Ortiz, los procesos penales se sustentarán en que en la aplicación de la sanción no respetó el debido proceso y en que se atentó contra la libertad de conciencia y de pensamiento, establecidas en la Constitución. Hoy, los directivos del canal darán una respuesta sobre la apertura de estos procesos.
Mientras tanto, la Acción de Protección que presentó ese medio de comunicación, el miércoles 24, sigue su curso. Hoy, a las 15:00, en el Juzgado Octavo de la Niñez y de la Adolescencia, se realizará una audiencia.
Est e recurso se ejecuta en 48 horas de forma impostergable, pero si una de las partes apela al dictamen se puede recurrir a la Corte Constitucional.
Pese a la reapertura de la señal el viernes, las preocupaciones continúan entre los directivos de la estación televisiva, debido a que todavía les queda un proceso administrativo pendiente.
Está abierta una demanda por difundir una grabación clandestina en un noticiero de la mañana. En agosto, el periodista Jorge Ortiz entrevistó al asesor de Sociedad Patriótica Fernando Balda.
El militante difundió una grabación clandestina en la que supuestamente el presidente Rafael Correa y algunos asambleístas conversaban sobre supuestos cambios en el texto constitucional de Montecristi. Al respecto, Ortiz dice que no ha recibido ninguna notificación, pero recalcó que estará pendiente para ejercer su defensa.
En la Asamblea Nacional también hay voces que anuncian un pedido de juicio político en contra de Fabián Jaramillo. Marco Murillo, asambleísta del movimiento Amauta, anunció que recogerá firmas de respaldo para un llamamiento a juicio político al superintendente Jaramillo.
La demanda que analizan es por "usurpación de atribuciones" por las violaciones constitucionales en los procesos contra Teleamazonas y contra la radio shuar La Voz de Arutam.
El proceso de enjuiciamiento se inició con la recolección de firmas de respaldo. Está sustentado en la "inobservancia del art. 426 de la Constitución y del principio número 10 de la Declaración de Chapultepec; así como del art. 13 numeral tres, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que garantizan la libertad de expresión (...)". Así dice Murillo en una carta remitida al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.
Esta solicitud pide la censura y destitución del cargo del Superintendente de Telecomunicaciones. Jaramillo también fue convocado a la Asamblea para que dé explicaciones de la resolución adoptada el martes pasado. El asesor de comunicación, Patricio Jarrín Noboa, confirmó que Jaramillo sí asistirá a la convocatoria, de hoy, a las 09:00.
La Comisión especializada ocasional de Comunicación se reunió ayer para recibir el informe del equipo asesor que hizo un estudio sobre las semejanzas y diferencias de los tres proyectos de ley que sobre este tema se han presentado hasta el momento. En la cita se iba a revisar las concordancias de estos textos con las normas de la Constitución en comunicación.
La Comisión ocasional, presidida por la asambleísta oficialista Betty Carrillo, no difundió el contenido de ese texto. En la misma sesión tenía previsto recibir las observaciones y aportes que varias entidades han realizado a estos proyectos de ley con el fin de elaborar un solo cuerpo que será sujeto del debate y posterior aprobación ante el pleno legislativo. La recepción de los insumos continuará hoy a las 10:00, cuando se prevé que asista el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.
El asambleísta de Pa ís, Mauro Andino dijo que la elaboración del proyecto de ley definitivo se presentará, para primer debate, entre el 1 y el 21 de noviembre. La elaboración del segundo debate, que es la base para la aprobación de la Ley, no deberá pasar del 14 de febrero según los nuevos calendarios.
A la comisión ocasional creada en la Asamblea para evaluar los tres proyectos de Ley de Comunicación se le acumuló el trabajo. Ayer, a las 17:30, allí, se presentó una nueva propuesta, que sobre este tema, fue trabajada por 12 organizaciones de la sociedad civil bajo el apoyo del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal).
El anuncio lo hizo Xavier Lasso, del canal público Ecuador TV, durante el panel del seminario Medios públicos, ciudadanía y democracia. En este encuentro, también participó Patricia Ortega, experta mexicana sobre temas de contenidos en los medios de comunicación públicos .
Según el director de Ciespal, Fernando Checa, la nueva Ley recoge 10 principios. Allí se habla de conceptos como la informac ión verificada y plural; el derecho a la rectificación; la distribución equitativa de frecuencias; el acceso a las tecnologías; la distribución equitativa de la publicidad estatal; y la producción plurinacional y local.
Romel Jurado, experto en derecho a la información, es una de las cabezas de este proyecto. Él le dijo a EL COMERCIO que el proyecto busca ser incluyente y preservar los derechos de sectores vulnerables. Entre las organizaciones que están detrás de esta propuesta menciona a la Facultad de Comunicación de la Universidad Salesiana, el colectivo Mujeres por la Vida y Radialistas Apasionadas y Apasionados.
Justamente sobre la radio, prensa y televisión pública giró el debate matutino en Ciespal. La crítica a los medios de comunicación privada fue la tónica en el segundo día del seminario.Ortega, experta en comunicación, expuso durante 30 minutos.
"Se deben garantizar los derechos de los ciudadanos frente a los conteni dos. Se necesitan medios con vocación de servicio público". Para ella, el reto de los canales públicos es presentar contenidos diferentes. El francés Gaetán Lapointe cree que la televisión pública debe ser el referente de calidad.
El debate continúa hoy. El chileno Valerio Fuenzalida y Enrique Arosemena también hablarán sobre la Programación y contenidos de los medios públicos.
¿Cuál va a ser su papel en la Ecuarunari? La primera decisión del III Congreso fue romper el diálogo con el Gobierno Nacional...
Lo primero es cumplir con el mandato del III Congreso. Luego tenemos el deber ético de mantener el consenso que nos eligió como dirigentes de la organización. Debemos estar unidos para desarrollarnos, exigir, reclamar y estar firmes frente al adversario...
HOJA DE VIDA Delfín Tenesaca Tiene 46 años y desde los 19 está integrado a las organizaciones indígenas de Chimborazo. Está casado con María Cujilema. Tiene una licenciatura en Gestión Social en la Universidad Andina. Participó en todos los levantamientos indígenas que han ocurrido desde 1990. Estuvo al frente del Movimiento Indígena de Chimborazo. La semana pasada ganó la presidencia de la Ecuarunari, la filial más grande de la Conaie.
¿Cuál es ese adversario?
El hambre, la miseria, la desigualdad, la discriminación.
¿Y el Gobierno? Hay el riesgo de que las organizaciones se fraccionen por la actitud clientelar del Régimen.
Todos los gobiernos han intentado dividirnos, hacer fracasar al movimiento. Pero nosotros tenemos una cultura de unidad, aunque a veces como que nos desviamos un poquito, pero siempre volvemos a nuestro cauce.
La gente prefiere los bonos, cargos públicos...
El Gobierno ha impuesto un montón de bonos. Por ejemplo, en el tema de viviendas han roto la autoridad comunal, pero no han logrado rompernos. Ahora la ministra Doris Soliz se ha encargado de crear puestos, ya sea como secretarios o con otros cargos, en cada una de las provincias.
¿Cómo mantener la unidad, cuando el Gobierno tiene recursos que ofrecer y la Ecuarunari no?
Eso me alegra muchísimo. Yo ven go de la dirigencia provincial y no hemos ofrecido nada . No vamos a decir que no necesitamos proyectos ni dinero. Claro que necesitamos esos recursos, pero de una forma organizada.
¿Cómo queda la Ecuarunari? Dieron un mensaje de unidad, pero aparentemente hay fricciones.
Esperamos ser un ejemplo en democracia para el Ecuador y América Latina. Para nosotros democracia es que todos estemos de acuerdo, y eso hemos logrado, es histórico. Hubo acuerdos para nombrar a todas las autoridades.
Tenemos el deber ético de mantener el consenso que nos eligió como dirigentes .
Esperamos ser un ejemplo en democracia para el Ecuador y América Latina .
No me simpatiza la actitud que tiene el Presidente (Rafael Correa) .
Delfín Tenesaca Presidente de la Ecuarunari
¿Usted tiene el visto bueno del Gobierno?
Como todos los ecuatorianos, nos equivocamos. En 2006 respaldamos a nuestro candidato, que fue Luis Macas, pero en la segunda vuelta decidimos votar por el menos malo, y respaldamos a Rafael Correa. Pero eso no quiere decir que hemos estado simpatizando con su ideología. Después estuvimos en expectativa para conocer lo que pasa con la llamada revolución ciudadana, pero vemos que ya empieza a tratar mal, a insultar a los dirigentes indígenas. No me simpatiza la actitud que tiene el Presidente.
El presidente Correa ha calificado como "ponchos dorados" a los dirigentes indígenas. ¿Quiénes son ellos?
Me imagino que somos los que siempre nos ponemos ponchos porque defendemos nuestra cultura, pero también hemos subido al escenario político y hemos llegado a cargos como ministros, prefectos, alcaldes... Pero creo que no hay corrupción.
¿Qué pasó con la candidatura de Raúl Ilaquiche? ¿Influyeron las críticas del Gobierno a Lourdes Tibán?
Raúl es un elemento valioso del movimiento. Ellos ya han estado en otros espacios políticos y por eso se decidió dar espacios a otras personas. Yo no he estado en ningún puesto anterior.
¿Influyó en la decisión de la Ecuarunari la posibilidad de que los indígenas hagan alianza con Carlos Vera?
Se decía que Raúl Ilaquiche estaba cercano a Carlos Vera y que yo era cercano al Gobi erno. Por ello creo que las dos cosas son falsas, no comparto esos criterios. Esa es una forma de hacernos pelear entre nosotros.
Asume la presidencia de la Ecuarunari cuando han anunciado el fin de las mesas de diálogo. ¿Qué va a pasar en temas como la discusión sobre la Ley de Aguas?
El agua ahora es un derecho humano y eso se tiene que cumplir. Para cumplir ese derecho se está creando la autoridad única del agua y nosotros consideramos que allí debe estar un consejo plurinacional. Si el Gobierno cierra la puerta a esa propuesta quiere decir que no le interesa la plurinacionalidad. El Gobierno quiere concentrar el poder en este tema y eso no es democrático.
La subsecretaria de Pueblos Doris Soliz dice que en este tema hay una posición intransigente, que la Conaie quiere imponer su tesis...
No somos cerrados. Las movilizaciones no fueron porque nosotros deseábamos. Le dijimos al Presidente que re spete nuestros criterios, a los asambleístas que actúen con independencia... pero no escucharon. Cuando se inició el diálogo también planteamos otros temas, que no se cumplen.
¿Y sobre el tema minero? La Presidencia de la República ha dictado los reglamentos para que sea aplicable la Ley a pequeña y gran escalas.
Esperábamos que con la Ley salgamos todos beneficiados, pero solo beneficia a un sector. Es inevitable reformar la Ley. Lamento mucho lo que ha ocurrido en Copenhague, en donde no se ha llegado a ningún acuerdo porque solo se han escuchado las propuestas de los países ricos en el tema ambiental. Lo mismo está ocurriendo en el país porque el Gobierno de Alianza país no está interesado en la defensa de la Pacha Mama.
Las comisiones de la Asamblea deberán ajustar sus cronogramas si pretenden cumplir con el plan para aprobar 13 leyes que están en sus manos y aún se discuten. Según un documento entregado por el Legislativo, desde la segunda semana de enero hasta finales de abril, esos cuerpos legales deberán superar los dos debates para ser enviados al Ejecutivo.
2 meses han pasado luego de la fecha límite para expedir las leyes que fijó la Constitución.
Entre las leyes pendientes están: de Servicio Público, de Defensa de los Comerciantes Minoristas, de Recursos Hídricos, de Educación General, de Educación Superior, Deportes y de Comunicación (ver infografía).
En uno de los últimos conversatorios con periodistas, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, aseguró que la intención será ajustar los tiempos de discusión para que las leyes sean despachadas con agilidad.
Por ejemplo, en carpeta para el primer debate están los proyectos de Ley de Comunicación, el de Protección e Inmunidad de la Comisión de la Verdad y de la Comisión encargada de investigar el caso de Angostura.
En una segunda etapa se encuentran las leyes de Servicio Público, el Código O rgánico de Organización Territorial, de Recursos Hídricos, de Educación Superior, de Ley Reformatoria al Código Penal y Código de Procedimiento Penal para la tipificación y juzgamiento de los delitos cometidos por miembros de las FF.AA. y Policía, de Cultura, Educación y el proyecto de Ley de Deportes. Todas estas normas están en manos de las comisiones legislativas, que deben presentar su informe para el segundo debate.
Está previsto que las comisiones aceleren su trabajo desde enero. Por ejemplo, la encargada de redactar la ley de Educación General armó un cronograma de reuniones para socializar el tema.
César Rodríguez, titular de la comisión encargada, afirmó que hasta este jueves un equipo técnico trabajará en la sistematización de observaciones hechas después del primer debate. Además, sostuvo que tienen previsto realizar una serie de talleres para los días 6, 11, 13, 15 y 20 de enero. En esos encuentros se tratarán te mas como la educación a distancia y educomunicación; malla curricular y políticas de textos escolares; desconcentración; educación técnica, tecnológica, artística y artesanal; protagonismos de jóvenes...
La comisión planificó que su trabajo concluirá el próximo 24 de febrero con la entrega del informe para que sea discutido por el Pleno de la Asamblea. Adicionalmente, mañana se iniciará la discusión sobre las reformas penales, mientras que para el primer martes de enero se seguirá el debate de la ley de medios.
Los exámenes que rindieron los 350 candidatos que buscan ocupar uno de los 14 puestos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) son de acceso público. A través de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) se pueden descargar los exámenes de los postulantes. Esto, según el CNE, permite a los interesados tener información para el proceso de impugnación de los resultados, que se podrá cumplir desde la primera semana de enero.
La prueba que respondieron constó de 50 preguntas de opción múltiple sobre cultura general, participación ciudadana , entre otros.
Entre las preguntas están interrogantes como: ¿Cuál fue el primer Presidente ecuatoriano? Desde el punto de vista de la norma, ¿el ocultamiento de un delito es un problema? ¿Entre qué países se dio la Guerra Fría? Cada candidato tuvo preguntas diferentes, las cuales fueron sorteadas.
En otro examen constan preguntas como: ¿Por cuántas veces fue presidente Gabriel García Moreno?...
La Comisión especializada ocasional de Comunicación se reunió ayer para recibir el informe del equipo asesor que hizo un estudio sobre las semejanzas y diferencias de los tres proyectos de ley que sobre este tema se han presentado hasta el momento. En la cita se iba a revisar las concordancias de estos textos con las normas de la Constitución en comunicación.
La Comisión ocasional, presidida por la asambleísta oficialista Betty Carrillo, no difundió el contenido de ese texto. En la misma sesión tenía previsto recibir las observaciones y aportes que varias entidades han realizado a estos proyectos de ley con el fin de elaborar un solo cuerpo que será sujeto del debate y posterior aprobación ante el pleno legislativo. La recepción de los insumos continuará hoy a las 10:00, cuando se prevé que asista el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.
El asambleísta de Pa ís, Mauro Andino dijo que la elaboración del proyecto de ley definitivo se presentará, para primer debate, entre el 1 y el 21 de noviembre. La elaboración del segundo debate, que es la base para la aprobación de la Ley, no deberá pasar del 14 de febrero según los nuevos calendarios.
A la comisión ocasional creada en la Asamblea para evaluar los tres proyectos de Ley de Comunicación se le acumuló el trabajo. Ayer, a las 17:30, allí, se presentó una nueva propuesta, que sobre este tema, fue trabajada por 12 organizaciones de la sociedad civil bajo el apoyo del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal).
El anuncio lo hizo Xavier Lasso, del canal público Ecuador TV, durante el panel del seminario Medios públicos, ciudadanía y democracia. En este encuentro, también participó Patricia Ortega, experta mexicana sobre temas de contenidos en los medios de comunicación públicos .
Según el director de Ciespal, Fernando Checa, la nueva Ley recoge 10 principios. Allí se habla de conceptos como la informac ión verificada y plural; el derecho a la rectificación; la distribución equitativa de frecuencias; el acceso a las tecnologías; la distribución equitativa de la publicidad estatal; y la producción plurinacional y local.
Romel Jurado, experto en derecho a la información, es una de las cabezas de este proyecto. Él le dijo a EL COMERCIO que el proyecto busca ser incluyente y preservar los derechos de sectores vulnerables. Entre las organizaciones que están detrás de esta propuesta menciona a la Facultad de Comunicación de la Universidad Salesiana, el colectivo Mujeres por la Vida y Radialistas Apasionadas y Apasionados.
Justamente sobre la radio, prensa y televisión pública giró el debate matutino en Ciespal. La crítica a los medios de comunicación privada fue la tónica en el segundo día del seminario.Ortega, experta en comunicación, expuso durante 30 minutos.
"Se deben garantizar los derechos de los ciudadanos frente a los conteni dos. Se necesitan medios con vocación de servicio público". Para ella, el reto de los canales públicos es presentar contenidos diferentes. El francés Gaetán Lapointe cree que la televisión pública debe ser el referente de calidad.
El debate continúa hoy. El chileno Valerio Fuenzalida y Enrique Arosemena también hablarán sobre la Programación y contenidos de los medios públicos.
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La Razón
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